UNA CIUDAD CON UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

PROGRAMA DE DEMOS+ PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2019 AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

UNA CIUDAD CON UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACION

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO LOCAL, MEDIDAS FISCALES Y MEDIDAS FINANCIERAS Y DE CONTROL ECONÓMICO

La Administración local es, ante todo, aquella que el ciudadano reconoce y relaciona con su nivel de satisfacción con los servicios públicos. Es la más cercana, la primera que percibe, y por ello la que mayores satisfacciones o quejas suponen por parte de los usuarios ante cualquier gestión o servicio público. Un Ayuntamiento es la “Administración de cabecera” para los vecinos que habitan en una ciudad. Vivir en ella supone vincularse a unos servicios concretos que presta una Entidad Pública cuya función básica es procurar y tutelar el máximo bienestar posible de los que viven en ella: transporte, seguridad, limpieza, medio ambiente, solidaridad, salud, cultura, y una larga relación de expectativas de desarrollo personal que se concretan en una amplia oferta de servicios. Lo que hoy llamamos calidad de vida de las personas, tiene mucho que ver con la amplitud y calidad de los servicios públicos que presta una ciudad.

Esto es así a poco que se quiera reparar en ello, aunque este sea este un país que parece relacionar el Buen Gobierno con las decisiones de los poderes públicos estatales o central. Sin duda este condiciona las posibilidades de una buena gestión del poder local pero no sustituye la necesidad de disponer de Ayuntamientos suficientes, eficaces y eficientes.

Y hablamos de eficiencia. Un concepto que cualquier empresario puede hacer suyo y comprender como si estuviéramos hablando de su propia empresa Cuando hablamos de eficiencia introducimos un elemento que no solo incluye la eficacia en la prestación amplia y correcta del mayor número posible de servicios que los vecinos de una ciudad demanden, sino que el coste que deban pagar por ello sea sostenible en el tiempo, sin ser injusto con generaciones presentes o futuras. Poder pagar hoy y mañana los servicios que se reciben hoy y se esperan recibir mañana. Solidaridad entre generaciones en el pago de los servicios públicos nos acerca al concepto de “endeudamiento” para pagar lo que hoy recibimos, y que puede condicionar hasta anular lo que podamos recibir en el futuro.

El desastre económico que han supuesto las políticas económicas que tiene como bandera el empeño en justificar que los poderes públicos deben ir reduciendo la prestación de servicios que conforman una sociedad en equilibrio justicia social y solidaridad, tienen como justificación oculta el escarnio del desequilibrio fiscal, que vacía de forma paulatina los ingresos públicos. La parte más favorecida de la sociedad lo quiere ser aún más, en la medida que su riqueza viene condicionada por grandes corporaciones económicas que utilizan los resortes de su poder para dibujar un nuevo escenario político en la que el llamado Estado del Bienestar no va a ser financiado por sus aportaciones, que se encaminarán a partir de este momento al beneficio privado de unos pocos. Parece no importar a nadie un principio tan claramente económico y empresarial como el de que la injusticia social, además, es anti eficiente.

Es por ello que huérfanos de ingresos públicos en los que participen las grandes bolsas de poder económico, a los Estados y a sus divisiones territoriales no les quedó otro remedio que acudir, primero a la especulación y, concluida esta, no por su voluntad sino por el fin de la famosa burbuja que ellos mismo contribuyeron a mantener, al recurso de la deuda.

La especulación se convirtió en un ingreso púbico. La venta de su patrimonio urbano en forma de suelo especulativo, sus precios disparatados, los proyectos descomunales deformando el mapa urbano y la convivencia social contribuyeron a mantener el desinterés por la realidad de los ingresos de los ayuntamientos. Todo era posible mientras se pudiera vender suelo y construir en él. Pero aquello terminó y apareció la deuda. Nadie estaba dispuesto a que la fiesta terminará tan pronto cuanto había tantos intereses que mantener. Y los intereses se convirtieron en eso: en intereses, ahora financieros, en forma de una deuda que se disparaba para mantener el gasto desbocado esperando que aquello terminará cuanto antes. Más madera para un tren que iba camino del precipicio…

La naturaleza de la Deuda es especialmente hiriente. El mismo dinero que no contribuye al bien común ha buscado refugio en los grandes centros financieros que rentabilizan su opacidad con el negocio de la deuda. La paradoja está servida: buena parte de ese dinero oculto se convierte en capital y es recibido en forma de deuda.  La deuda financia al Estado por falta de ese mismo dinero en forma de ingreso público (Tributos).

El problema de la Deuda y de su sobredimensión ha sido utilizado para revestir de racionalización y sostenibilidad presupuestaria lo que es simple ideología. Un ejemplo de ello lo tenemos en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local por Ley 27/2013. Esta ley pretende romper con el principio de autonomía local en aras a otro principio que considera de mayor prevalencia constitucional: el control presupuestario, del déficit y la deuda. Por otra parte intenta, de una vez por todas, ordenar el catalogo de competencias de los entes locales que estaban sin regular. Amparándose en ello, la Ley mencionada hace un auténtico ejercicio de ilusionismo jurídico para convertir en “terreno de nadie” a aquellas competencias de carácter social que venían prestando los ayuntamientos y que a partir de 1 de enero de 2016 dejan de ser competencia municipal (para aparentemente ser propias de las Comunidades Autónomas) y que no podrán desarrollar a no ser que encuentren en estas las vías de financiación, “olvido” que no está prevista solucionar. Las CCAA reciben unas competencias que no estaban desarrollando, las pierden los Ayuntamientos, que sí las ejercían, e impiden a estos volver a hacerlo, a no ser que las financien sus nuevos titulares. Estas competencias que ahora se llaman “impropias”, pueden desaparecer dada la asfixia económica que padecen y que les imposibilita financiar lo que antes no era de ellos.

Con la apariencia de la racionalización económica y competencial desaparecen los servicios sociales. No se han buscado vías de financiación sino de desaparición.

Los ayuntamientos crearon dos nuevos ingresos públicos: la especulación y la deuda como impuesto. Un mayor valor del suelo que se repercute a los ciudadanos y una deuda que su pago hace que sus impuesto valgan menos porque menos se puede hacer con ellos.

Es por ello que debemos volver la vista a los ingresos tributarios y al sistema de financiación local, exponiendo desde este momento las críticas que merece la situación actual.

1. MODIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO LOCAL

Presenta unas características que lo hacen anacrónico, insuficiente, no sostenible en el tiempo, injusto, no general, no igual, confiscatorio y no progresivo. Posiblemente reúne todos los requisitos para ser considerado inconstitucional.

Está regulado y tiene su diseño legal en la Ley 7/1985 de 2 de Abril, y su desarrollo específico en Real Decreto Legislativo 2/2004. El conjunto de las figuras tributarias que contiene esta normativa configura en sí mismo un “Sistema”, del que se sirven las entidades locales como elemento básico de financiación de sus gastos.

Tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), junto con otros, configuran un conjunto de elementos básicos de financiación que por su homogeneidad y destino son suficientes para considerarlo como “Sistema Tributario” específico de los Entes Locales. Partiendo de esta realidad jurídica y financiera, su estudio nos lleva a las siguientes conclusiones:

-Insuficiente: Con la recaudación del total de las figuras tributarias que incluye el propio Sistema, no puede financiarse ni el 40% de los gastos presupuestados. Apenas cubriría los gastos de personal de cualquier Ayuntamiento. Por tanto es un Sistema insuficiente para hacer frente a su finalidad básica, financiar los gastos presupuestarios.

-No general: El sistema no grava a las personas que habitan en la ciudad, no grava a los vecinos del municipio, sino que lo hace, casi de forma general, con determinados bienes de titularidad de las mismos. La imposición recae sobre bienes y no sobre personas. De tal forma que aquellas personas que sí disfrutan de los servicios públicos de su Ayuntamiento pero no son titulares de los bienes gravados por los impuestos locales no contribuyen de manera alguna (más allá de tasas o precios públicos) al sostenimiento de dichos servicios. Por tanto no todos los vecinos contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos. La ausencia de la personalidad del gravamen impide aplicar criterios esenciales relacionados con la justicia del sistema como es el principio de “capacidad económica”, que no es otra cosa del más comúnmente conocido principio de que pague más quien más tiene, y ello no referido al número de bienes gravados sino a su capacidad económica.

-Injusto: No se tienen en cuenta elementos para hacer justo y equitativo el Sistema. No ofrece tratamiento distinto a situaciones distintas. No es lo mismo ser titular de un buen número de inmuebles destinados a la especulación y por tanto vacíos que aquella persona que lo utiliza como residencia habitual de una familia. No obstante ambos inmuebles tienen el mismo tratamiento. La imposibilidad de tarifa con tipos diferentes en función de usos o destinos o valores es un ejemplo de inequidad.

-No sostenible en el tiempo: Los cambios que pueden introducirse en el Sistema son cambios que son dispuestos por el Estado y que no dependen de la voluntad de los que reciben sus ingresos. Los Ayuntamientos apenas tienen capacidad de influir en el diseño de los tributos y tan solo pueden aprobar elementos aislados del Sistema: los tipos, dentro de un límite, o bonificaciones concretas. Cualquier cambio en la normativa que regula el Sistema es decidido por el Estado, que puede comprometer la estabilidad presupuestaria de ejercicios futuros de los Ayuntamientos.

-Confiscatorio: Impuestos como el de Incremento del Valor de los terrenos (más conocido como el de plusvalías) hace las veces de una especie de impuesto de sucesiones municipal ya que grava el hipotético incremento de valores entre dos transmisiones. Cuando esta se produce mortis causa puede darse el caso de que para pagar el impuesto generado por el fallecimiento del titular del inmueble (progenitores) los herederos deban vender la finca. Lo mismo ocurre con inmuebles cuyo valor no se corresponda con la verdadera capacidad de pago de sus titulares. Ello puede provocar la necesidad de una venta inmediata porque el impuesto solo tiene en cuenta el valor del inmueble y no la capacidad de pago de sus titulares por lo que el impuesto termina siendo confiscatorio.

-No progresivo: El Sistema Tributario Local no tiene ningún elemento que haga posible la progresividad fiscal, esto es, que pague más quien más tiene. Ni tan siquiera de forma indiciaria, partiendo de la presunción, por ejemplo, y para el caso del IBI, de que los valores inmobiliarios más altos se correspondan con quienes de más posibilidades económicas disfrutan. No se permite gravar de forma diferente a los que disponen de más metros cuadrados de inmuebles de su titularidad, de mayores valores o de mayor número de viviendas o inmuebles a su disposición. No permite introducir a los Ayuntamientos ningún elemento de progresividad.

Recordemos lo dispuesto en nuestra Constitución:

Artículo 31

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Por su incapacidad manifiesta para dar respuesta a las necesidades de lo que se espera de un Sistema Tributario eficaz y por las claras evidencias de su posible inconstitucionalidad debería producirse un cambio absoluto en el mismo, sustituyéndolo por otro. Este modelo alternativo podría ser de la siguiente forma:

Se propone un Sistema Tributario Local que reciba la mayor parte de sus aportaciones de un recargo municipal sobre la cuota íntegra del IRPF y que recoja como índice corrector el total de bienes de naturaleza gravable en el ámbito municipal (metros cuadrados de inmuebles, destino de los mismos, vehículos…). Este cambio supondría la eliminación de los actuales impuestos locales sobre las personas físicas. Las figuras actuales pueden permanecer limitándolas a personas jurídicas. En todo caso el cálculo del nuevo Sistema se hará calculando la obtención de recursos suficientes para dotar de una auténtica autonomía presupuestaria y sostenibilidad en el tiempo.

Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

El insuficiente modelo de obtención de ingresos del Sistema Tributario local obliga al Estado a facilitar los medios y recursos económicos que permitan a los Ayuntamientos cuadrar sus presupuestos. Ello se logra con trasvases de dinero de los presupuestos estatales a los municipales con unos mecanismos de compensación y equilibrio que tienen su origen en la participación de estos entes locales en los ingresos del Estado. El llamado PIE (Participación Ingresos del Estado) es un sistema variable, inestable y no seguro que proporciona ingresos no siempre previsibles a los Ayuntamientos en función de los ingresos que obtenga el Estado con sus propios tributos como pueden ser el IRPF o el IVA, con lo que ello supone de alteraciones en la medida que cambie la legislación de los mismos y por tanto la recaudación obtenida.

Esta falta de seguridad, el reparto de importes a cuenta y su regularización posterior, positiva o negativa, sitúa a los Ayuntamientos en un escenario de falta de referentes ciertos, como podría ser el PIB, y por tanto de inseguridad presupuestaria.

Además de esta propuesta con carácter general al actual sistema tributario local, se proponen las siguientes medidas grupadas en dos epígrafes:

2. MEDIDAS FISCALES:

1. Reforma para su impulso de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento, mediante la asignación de nuevos recursos y apostando por el desarrollo de los convenios de colaboración con la AEAT, que puedan ahorrar recursos y costes. Ello supondrá una mejora de la inspección fiscal y de la mejora de la recaudación ejecutiva. Hacer que paguen los defraudadores y los morosos.

2. Buscar la constitucionalidad del sistema tributario también en la ámbito municipal, aplicando los principios de generalidad, justicia y progresividad, que suponen potenciar los elementos posibles para que paguen menos los que indiquen una menor capacidad de pago y en sentido contrario más los que más tienen. Los tipos y bonificaciones deberán tener en cuenta las posibilidades de progresividad que se recogen en la ley y no se aplican, respetando los inmuebles de uso residencial, especialmente cuando constituya la residencia real de las personas. Ello supondrá el compromiso de mantener los impuestos en niveles de sostenibilidad y mantenimiento para la gran mayoría de ciudadanos y empresas de la ciudad, buscando el elemento diferenciador sólo en aquellos que, por sus hechos imponibles, demuestren una mayor capacidad de pago.

3. Ajustar las tasas, contribuciones y tarifas o precios públicos a los costes reales de los servicios y evitar déficits que muchas veces se basan en la falta de eficiencia de los servicios prestados. Hacer más justos y sostenibles los servicios.

4. Se sustituirán precios públicos, que incorporan beneficios, en aquellos servicios que deberían ser retribuidos por los ciudadanos exclusivamente al coste del servicio. El ejemplo más claro son las tarifas de ECOCIUDAD, que debería ser disuelta y liquidada. No hacer negocio con los servicios públicos.

5. Vamos a facilitar un proceso de mejora en la Gestión Tributaria en la que haremos partícipes junto a los propios funcionarios a los profesionales de la gestión y asesoría tributaria. Crearemos una Mesa de Encuentro en la que se exponga los problemas que actualmente existen. Los profesionales pueden aportar su experiencia.

6. Creación e impulso de la participación ciudadana en la gestión pública y tributaria mediante las figuras de la Colaboración ciudadana y la Asociación administrativa de contribuyentes.

7. Impulsar la Administración electrónica y la transparencia en la gestión tributaria.

8. Impulsar la educación y el conocimiento en los valores democráticos y constitucionales del sistema tributario local. Debemos conocer lo que cuestan los bienes y servicios públicos y cómo se pagan. Saber lo que nos cuesta el tranvía, el autobús o la limpieza pública y quién lo paga, nos servirá para descubrir que es mucho más que el billete que compramos.

9. Apoyo en las facilidades de pago y en las exenciones tributarias con carácter general y en especial al autoempleo y a las nuevas actividades empresariales cuando tengan su origen en la búsqueda de soluciones a la falta de trabajo por cuenta ajena y también en la economía colaborativa.

10 Buscar los consensos políticos necesarios para elaborar una política tributaria compartida y hacer nuestras, apoyándolas, todas la buenas ideas que puedan aportar los demás grupos municipales.

3. MEDIDAS FINANCIERAS Y DE CONTROL ECONÓMICO.

1. Auditoría interna financiera de las sociedades municipales y organismo autónomos, sin que se facilite la externalización de las mismas.

2. Reforzar el Departamento de Intervención que permita un control y fiscalización interna y un control de la ejecución del presupuesto. Ello supone un férreo control de lo que se gasta y de lo que se ingresa.

3. Control de legalidad de la actuación económica de gasto, y de derechos y obligaciones de contenido económico como precaución y garantía contra la corrupción.

4. Apostamos por un descenso del endeudamiento municipal sin que este ahogue la necesaria inversión en la mejora de la ciudad. Nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contraídas, pero el ajuste no lo deben sufrir solo los ciudadanos. La deuda sea injusta o ilegítima es legal y se pagará, pero no ahogará a la ciudad de Zaragoza y a sus habitantes. Nos opondremos a criterios contables con interpretaciones retroactivas y políticamente y por supuesto jurídicamente nos posicionamos en contra de su aplicación. Explicaremos a la ciudadanía de Zaragoza el origen de los problemas financieros de la ciudad.

5. Nos oponemos políticamente a las leyes injustas que han hecho pagar a los Ayuntamientos y a los que viven en ellas el coste de la crisis. Zaragoza se posicionará por un equilibrio presupuestario y un control del déficit, pero no con reglas de gasto injustas que no permiten la inversión y la mejora de los servicios cuando el Ayuntamiento financieramente lo pueda hacer.

6. Renunciamos a la ingeniería financiera, al ocultamiento de la realidad económica, a la creación de sociedades públicas para generar más deuda, al impago a proveedores como sistema de financiación, a la “patada adelante” para que el futuro soluciones los problemas del presente. La transparencia económica pública consiste en no ocultar la realidad de las finanzas municipales y en decir la verdad económica.

7. La deuda no tiene por qué ser mala dentro de unos límites, y más si sirve para proyectos sostenibles y rentables económica o socialmente, pero sobrepasados estos debe explicarse a los ciudadanos: la mejora de la gestión, el ahorro no financiero, la austeridad, salvo en casos de emergencia social, la desaparición de gastos y estructuras burocráticas innecesarios y adecuar la carga tributaria a la realidad es actuar de forma consecuente con los principios de una buena gestión económica. La buena gestión y la eficiencia no es exclusivo de las fuerzas de derecha sino del buen gestor público.

8. Se buscarán los ingresos de donde sea posible legalmente y que contribuyan a mejorar la situación de endeudamiento, sin entrar en la especulación inmobiliaria y facilitar la creación de especulación del suelo, como ha venido siendo habitual. La especulación inmobiliaria dejará de financiar al Ayuntamiento de Zaragoza.

9. La ejecución presupuestaria empieza en la negociación con todos los grupos municipales y termina en el compromiso de ejecución anual. No pueden generarse excesos de caja por incumplimiento de los programas presupuestarios. El presupuesto está para pactarlo y después cumplirlo. Nuestro compromiso con el pacto y el cumplimiento.

10. Zaragoza dispone de un Régimen especial y especifico de financiación derivado de su condición de capital de Aragón. Zaragoza debe estar agradecida a ello y ofrecer lo mejor de sí misma, es por ello que concentra una población flotante a la que se ofrece servicios, y se seguirá haciendo, pero esto debe ser justamente retribuido para hacerlo sostenible y que los aragoneses que necesitan venir a su segunda ciudad lo hagan como se merecen. Igualmente la valoración de las competencias impropias y conveniadas con nuestra Comunidad Autónoma debe reflejar la realidad de sus costes y no depender del partido de turno y lo que les pueda interesar políticamente a los dirigentes de turno.

11. Buscar los consensos políticos necesarios para elaborar una política financiera compartida y hacer nuestras, apoyándolas, todas la buenas ideas que puedan aportar los demás grupos municipales.